Más allá del retroceso: el conflicto moral como límite interno de la democracia liberal

Para mi amigo Cassem, por ayudarme a plantear estas preguntas.

En la última década, a escala global, se ha experimentado un retroceso democrático sostenido: desde 2015, la proporción de la población que vive bajo regímenes democráticos ha disminuido de manera sistemática. [1] 

Las explicaciones habituales de esta caída suelen atribuirse a un sinnúmero de factores —económicos, migratorios, geopolíticos— ampliamente discutidos.[2]

No es mi intención dilucidar aquí las causas empíricas de este retroceso, sobre las cuales existe ya un abundante cuerpo de análisis. Mi interés es otro: plantear una serie de argumentos —más problematizadores que conclusivos— que no buscan cerrar el debate, sino abrirlo y, sobre todo, ampliar el marco habitual de interpretación desde otro ángulo. La idea de fondo es sugerir que el retroceso democrático no es solo una desviación temporal, sino que tal vez sea síntoma de una limitación del propio marco liberal-democrático. Más que una falla puntual del liberalismo-democrático se trata de una cadena de desplazamientos que acaba por condenarlo: del desacuerdo moral al antagonismo, de la deliberación al bloqueo, y de ahí a nuevas formas de ejercicio y legitimación del poder.

Como un Sísifo condenado, el marco sobre el que se funda el liberalismo democrático empuja la piedra, pero al llegar a ciertos límites, la piedra vuelve a caer.

Antes de desarrollar estos argumentos, conviene aclarar qué entiendo aquí por liberalismo democrático.

Por liberalismo democrático entiendo un modelo político que articula dos principios básicos. En el plano liberal, defiende la protección de los derechos individuales y las libertades civiles, la igualdad ante la ley y el Estado de derecho, así como la limitación del poder del Estado, bajo la premisa de que la pluralidad social puede convivir sin una moral común impuesta. En el plano democrático, se funda en la soberanía popular expresada a través de un gobierno representativo sustentado en elecciones libres, competitivas y periódicas, junto con mecanismos de representación y participación ciudadana.

La promesa del liberalismo democrático es que estos dos principios —libertad individual y representación política— pueden articularse dentro de un marco institucional neutral, capaz de canalizar el conflicto y sostener una convivencia política estable en sociedades moral y culturalmente diversas.[3]

El Poder como conflicto moral

El liberalismo democrático, al menos en el plano teórico, asume que el poder del Estado puede ser limitado y regulado en contextos de pluralidad social, sin necesidad de imponer una moral común. Mi argumento central es que ni el poder del Estado ni el de las distintas pluralidades sociales que lo atraviesan son moralmente neutros.

Siguiendo a Max Weber[4], el poder político no se ejerce en un vacío moral. Incluso cuando las reglas buscan neutralizarlo, su ejercicio involucra siempre juicios de valor y una comprensión particular de lo que debe ser. En ese sentido, su moralidad es intrínseca: no porque remita a una moral universal, sino porque toda acción política se orienta, explícita o implícitamente, por valores y normas que delimitan lo aceptable, lo legítimo y lo obligatorio en la conducta humana.

Cuando Donald Trump declara ante el mundo que solo existen dos sexos, no está simplemente enunciando una posición descriptiva, sino afirmando un juicio de valor y una comprensión particular de lo que debe ser. Es en este tipo de afirmaciones —y en muchas otras, sobre una miríada de temas y circunstancias— donde el poder político se ejerce como conflicto moral, más que como mera administración neutral de reglas.

La implicación es decisiva: aunque puedan diseñarse marcos institucionales que aspiren a neutralizar valores y sesgos morales, el ejercicio efectivo del poder —su acumulación, su disputa y su orientación— siempre se articula desde visiones del mundo que no solo difieren, sino que a menudo resultan incompatibles entre sí. En ese sentido, el poder político no es un problema técnico a resolver, sino un ámbito marcado por la confrontación[5] y un conflicto moral irreductible, en el que valores fundamentales de distinto orden entran en colisión y no pueden conciliarse sin sacrificar alguno de ellos.

La ficción de neutralidad y diálogo

Si una de las promesas del liberalismo democrático es la canalización del conflicto mediante reglas, instituciones y formas de convivencia neutrales, y si el poder político es, eminentemente adversarial —implicando un conflicto moral irreductible—, entonces la apuesta por la neutralidad y el diálogo aparece más como una ficción que como una solución.

Durante mucho tiempo, uno de los mantras centrales de la teoría democrática liberal fue la confianza en la deliberación como mecanismo privilegiado para encauzar el conflicto político[6]. La deliberación aparecía como una suerte de panacea: un proceso racional, conveniente, mutuamente ventajoso, capaz de transformar el desacuerdo en consenso o, al menos, en convivencia razonable.

Como construcción teórica, la apuesta es impecable. Parte del supuesto de que los actores políticos reconocen al otro como un interlocutor legítimo y de que el desacuerdo puede procesarse mediante argumentos, razones y concesiones recíprocas. Sin embargo, este supuesto comienza a resquebrajarse cuando el adversario político deja de ser simplemente un competidor y pasa a ser percibido como una amenaza existencial.

Resulta difícil imaginar un espacio genuino de deliberación entre figuras como Irene Montero y Santiago Abascal, no por falta de retórica o disposición al debate, sino porque, en su confrontación, el otro aparece como algo que debe ser contenido, neutralizado o eliminado. Cuando el adversario político es concebido como un peligro para la propia existencia —moral, cultural o simbólica—, la pregunta ya no es qué se puede acordar, sino qué sentido tiene deliberar.

En ese contexto, la idea de que el diálogo racional y la deliberación pueden, por sí mismos, encauzar la naturaleza conflictiva de la política se revela como una ilusión. No por ausencia de debate, sino porque el desacuerdo parte de una deslegitimación moral recíproca que vuelve inviable la deliberación misma.

A ello se suma un desplazamiento decisivo: el conflicto político ya no se libra principalmente en el terreno del debate racional, sino en la disputa por el control de la narrativa. Gobiernos y actores políticos no compiten tanto por convencer al adversario como por imponer marcos de sentido, delimitar lo decible y ocupar espacios simbólicos. La política deja así de ser dialógica para volverse una competencia entre realidades alternativas y cosmovisiones incontestables, donde lo que está en juego no es el mejor argumento, sino la hegemonía sobre la interpretación del mundo.

Instituciones sin legitimidad

En buena parte de la teoría democrática contemporánea[7], las instituciones cumplen una función esencialmente procedimental y representativa: agregan preferencias, canalizan conflictos y limitan el ejercicio del poder mediante reglas formales. Su legitimidad descansa, ante todo, en la correcta operación de estos mecanismos.

Sin embargo, esta concepción tiende a subestimar una dimensión crucial: las instituciones no solo representan intereses ni procesan decisiones, sino que también encarnan órdenes morales, perspectivas del mundo y de la sociedad en conflicto. No son únicamente dispositivos de mediación, sino espacios simbólicos donde se reconoce —o se niega— la validez de ciertos valores, identidades y formas de vida.

Cuando las instituciones no asumen —y sólo ven como contingente— esta dimensión conflictiva, su legitimidad se vuelve frágil: se perciben como impersonales, burocráticas y, en última instancia, ajenas a la experiencia moral de quienes se relacionan con ellas. Siguen siendo formales y legales, pero dejan de ser significativas. Y es precisamente este vacío el que abre la puerta a su colonización: actores políticos ya no buscan operar dentro de las reglas, sino redefinir el sentido moral de la institución misma.

Ya no basta con que una institución funcione, cumpla la ley o represente mayorías; se le exige encarnar un determinado orden moral, reconocer identidades específicas —raciales, culturales, históricas— y validar ciertas experiencias como normativamente privilegiadas.

En este desplazamiento, la legitimidad deja de ser solo operativa o electoral y se transforma en una afirmación existencial: la institución es legítima en tanto confirma quién pertenece, quién es visible y qué formas de vida cuentan como moralmente valiosas. La disputa política ya no gira en torno a reglas o resultados, sino en torno a quien tiene el poder para definir qué es lo que debe ser.

Cuando Viktor Orbán enuncia: “Europa será cristiana o no será”[8] no describe un ideal ni traza un límite retórico. Nombra un anhelo político preciso: el de institucionalizar una determinada visión moral del mundo y convertirla en criterio de pertenencia, legitimidad y orden.

 Los límites del liberalismo democrático

Los límites del liberalismo democrático no anuncian necesariamente su colapso, sino el agotamiento de ciertas promesas que durante décadas organizaron la experiencia política.

En particular, identifico al menos cuatro tensiones estructurales que hoy desbordan su marco fundacional. La primera es la naturaleza adversarial de la política, atravesada por un conflicto moral que no puede disolverse sin sacrificar alguno de sus valores en juego. A ello se suman la imposibilidad de neutralizar ese contenido moral sin vaciar la política de sentido, la ficción deliberativa como mecanismo privilegiado de moderación del conflicto, y la colonización institucional como proyección de visiones morales del mundo en disputa.

Estos cuatro factores no solo ayudan a explicar la erosión democrática contemporánea. También permiten pensar un escenario distinto, en el que las democracias —según su nivel de desarrollo y densidad social— operan como espacios donde conviven micro y macro esferas de poder político, articuladas en una arena hiperpolarizada. En ella, las narrativas no compiten únicamente por la verdad fáctica, sino por la definición misma de la realidad empírica, y en donde los actores políticos tienden a anularse mutuamente en el plano moral.

En este contexto, la fortaleza democrática ya no puede medirse exclusivamente por la solidez institucional ni por la regularidad electoral, sino por la capacidad —siempre precaria— de sostener la coexistencia de convicciones morales incompatibles sin anularlas. La legitimidad se desplaza así del plano puramente procedimental al simbólico del reconocimiento. Reconocer este desplazamiento no implica abandonar la democracia liberal, sino asumir que su límite —la imposibilidad de neutralizar el conflicto moral— es también la condición bajo la cual aún puede seguir siendo pensable.

Sísifo reconoce que empujar la piedra es absurdo, pero es precisamente en ese reconocimiento —y no en la ilusión de sentido— donde se vuelve posible seguir empujando sin mentirse.

¿Qué ocurre con la democracia liberal cuando se la piensa desde un plano ético-moral explícito, una vez que se reconocen como insostenibles las ficciones de neutralidad y consenso que estructuraron su legitimidad durante décadas?

[1] https://www.democracywithoutborders.org/36317/autocracies-outnumber-democracies-for-the-first-time-in-20-years-v-dem /

https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu/ https://www.idea.int/publications/catalogue/html/global-state-democracy-2025-democracy-move

[2] Algunos textos en los que estoy basando la anterior afirmación, son los siguiente:

Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel How Democracies Die (New York: Crown Publishing Group, 2018).

Urbinati, Nadia Yo, el pueblo. Cómo el populismo transforma la democracia (México: INE/Grano de Sal, 2020).

Müller, Jan-Werner What is Populism? (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016).

Przeworski, Adam Crises of Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

Norris, Pippa y Inglehart, Ronald Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

Habermas, Jürgen A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics. (2023)

[3] Esta definición se inspira en formulaciones ampliamente compartidas dentro del liberalismo político y la teoría democrática representativa, sin pretender agotar ni fijar de manera definitiva estos conceptos. Toma como punto de partida On Liberty, de John Stuart Mill, y como cierre contemporáneo A Theory of Justice, de John Rawls.

[4] Max Weber, El político y el científico, trad. Francisco Rubio Llorente (Madrid: Alianza Editorial, 2009)

[5] Carl Schmitt, The Concept of the Political, trans. George Schwab, expanded edn (Chicago: University of Chicago Press, 2007), p. 26.

[6] Esta concepción de la deliberación como fundamento normativo de la legitimidad democrática está asociada, de manera paradigmática, a la teoría de la acción comunicativa y a la democracia deliberativa desarrolladas por Jürgen Habermas.

[7] Me refiero principalmente a Robert Dahl, quien entiende la poliarquía como un sistema democrático basado en procedimientos e instituciones que garantizan participación, competencia y control del poder. Su énfasis está en la legitimidad representativa y operativa, más que en el contenido moral o identitario de las instituciones (véase Polyarchy: Participation and Opposition, 1971).

[8] https://elpais.com/internacional/2012/11/18/actualidad/1353264815_204785.html